La globalización de la economía y su continua transformación obligan a los profesionales que asesoran en los negocios jurídicos a conocer el funcionamiento de las instituciones judiciales europeas e internacionales. Cada vez es más habitual que la labor de los abogados para asesorar y defender a sus clientes llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Empresas y bufetes son conscientes de que la jurisprudencia europea está siendo decisiva para desarrollar el derecho de los negocios, la protección de datos, la jurisdicción laboral y fiscal… con resoluciones de gran impacto entre los tribunales nacionales.
El proceso de integración europeo no sólo se fundamenta en los Tratados de la UE, sino que cada vez más se desarrolla a través de las sentencias del Tribunal de Luxemburgo para integrar el derecho europeo en los derechos nacionales.
Tribunales constituyentes
El TJUE, compuesto por el Tribunal de Justicia (un juez de cada país miembro y 11 abogados generales) y por el Tribunal General (2 jueces por cada país de la UE) con sede en Luxemburgo, adquiere una importancia relevante en el mundo de los negocios por su vocación expansiva para ampliar sus competencias jurisdiccionales. De esta forma, se ha convertido en un tribunal constituyente basado en el principio de primacía sobre los derechos de los Estados miembros.
En 2020 y a pesar de los dos meses sin actividad por el Covid, se plantearon 735 asuntos ante el TJUE. Desde hace varios años las peticiones de decisión prejudicial son las que constituyen el grueso de los nuevos asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, 556 en 2020 frente a 641 en 2019. Los 131 recursos de casación interpuestos en 2020 constituyen el segundo grupo más importante de asuntos planteados.
Fases del procedimiento
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia consta de una fase escrita (exposición con las imputaciones, motivos o alegaciones de las partes) y una fase oral, donde se escucha a los abogados de las partes o a los interesados, posteriormente interviene el abogado general con sus conclusiones. Es obligatorio que empresas y ciudadanos estén representados por un abogado.
Extensión de escritos
En los recursos directos y en los escritos de contestación, el TJUE exige preferiblemente no sobrepasar las 30 páginas. La extensión se reduce en los recursos de casación y su contestación a un tope de 25 páginas. Aún más breves son los escritos de formalización de la intervención en los recursos directos y en los recursos de casación, hasta 10 páginas.
La mayoría de las alegaciones o de observaciones que se presentan en la fase escrita del procedimiento deben traducirse, por lo que es recomendable usar frases cortas y simples.
Requisitos formales
Es imprescindible que los escritos se presenten de tal manera que el Tribunal de Justicia proceda a su tratamiento informático. Se redactan en A4 y en una sola cara de la hoja.
Todos los apartados estarán numerados, ninguna de las páginas del escrito de alegaciones o de observaciones tendrá más de 1.500 caracteres sin espacios y no puede utilizarse pegamento o grapas.
Es recomendable la presentación a través de la aplicación electrónica e-Curia, sistema eficaz, fácil de usar y gratuito que permite comunicarse con el TJUE de una manera óptima.
Idioma y toga
Es necesario llevar toga para representar a las partes del proceso.
La principal dificultad es aprovechar el limitado tiempo de exposición con expresiones sencillas y ritmo pausado para permitir que los intérpretes de las 23 lenguas oficiales en el TJUE traduzcan la intervención a los jueces y al abogado general.
En los recursos directos, la lengua de procedimiento se elige por el demandante. Si el demandado es un Estado miembro, el idioma será la lengua oficial de ese Estado.
En el recurso de casación interpuesto contra las resoluciones del Tribunal General, la lengua de procedimiento será en la que esté redactada la resolución que sea objeto de recurso de casación.
Hay que tener en cuenta que en los procedimientos prejudiciales, la lengua será la del tribunal nacional que ha remitido la cuestión prejudicial.
Los tribunales europeos tienen más importancia de lo que muchas veces se percibe y cada vez deben estar más presentes en la perspectiva del abogado que se dedica al asesoramiento en negocios internacionales.
El Tribunal de Justicia de la UE, lejos de ser una instancia reservada a juristas especializados en derecho europeo, tiene que formar parte de la labor ordinaria de abogados y asesores jurídicos que acuden a esta jurisdicción con el deseo de resolver el creciente número de asuntos en los que el derecho de la UE se está desarrollando, confirmando su creciente importancia para empresas y negocios transnacionales.
